El Derecho Sancionador


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Consideraciones generales y supuestos

No toda actividad de verificación de hechos es auténtica prueba.

INDeJUR - Derecho Administrativo Sancionador

Es imprescindible que cumpla dos requisitos: que haya sido obtenida con respeto absoluto de los derechos fundamentales; y que haya sido ejecutada con las garantías formales exigidas por la ley, en esencia, la posibilidad de contradicción y la presencia del instructor. La carga de la prueba corresponde a la administración que acusa. La jurisprudencia afirma que corresponde a la administración la prueba del hecho constitutivo de la infracción administrativa, del resultado que haya ocasionado, de la causalidad existente entre ambos y de la participación del acusado.

Sin embargo, la jurisprudencia vacila a la hora de establecer si es el acusado quien tiene la carga de probar las eximentes y atenuantes de la responsabilidad falta de culpabilidad, legítima defensa, ejercicio de un derecho, prescripción , o si es la administración quien tiene que probar su inexistencia. La libre valoración de todas las pruebas practicadas por la administración, que ha de apreciarlas en su conjunto conforme a la "razón o la sana crítica".

En cualquier caso, la libre valoración de la prueba no permite valoraciones arbitrarias o irracionales.

Sólo excepcionalmente se prevé la prueba tasada así, respecto de los hechos que hayan sido declarados probados en el proceso penal. Desde que se incoa el procedimiento, el acusado es interesado en el mismo y titular de todos los derechos fundamentales a los que antes nos hemos referido:. El acuerdo por el que se inicia el PAS constituye una acusación formal, pues obligatoriamente ha de contener el hecho acusado, su posible calificación jurídica -esto es, la presunta infracción cometida- y la sanción que a ella pudiese corresponder, así como la identidad del presunto responsable.

Much more than documents.

Una vez notificado este acuerdo, se concede al acusado un plazo para que formule alegaciones, presente documentos y proponga pruebas. Pero el acusado no tiene la obligación de alegar ni la de colaborar, aun con excepciones, con la administración en la investigación de los hechos. A pesar de su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, puede reconocer su responsabilidad, sin perjuicio de interponer posteriormente contra la resolución los recursos que sean procedentes.

Este juicio sobre la pertinencia tiene importantes consecuencias, pues de su correcta realización depende, en buena medida, la efectividad del derecho fundamental a la prueba. La propuesta de resolución ha de notificarse al acusado. Con ello, se satisface definitivamente el derecho a ser informado de la acusación. Una vez recibida la propuesta de resolución, el acusado tiene un nuevo plazo para realizar alegaciones, aportar documentos y examinar el expediente completo.

La resolución sancionadora puede coincidir plenamente con la propuesta de sanción del instructor. Lo que nunca puede hacer, en virtud del derecho a conocer de la acusación, es aceptar como ciertos hechos distintos de los declarados probados en la propuesta de resolución. Salvo en un caso: cuando entienda que las labores de instrucción han sido incompletas y decida realizar actuaciones complementarias. La fijación de todos los hechos relevantes. Esto es, los hechos que constituyen la infracción, los relativos a la autoría o responsabilidad, y los que llevan a la administración a imponer una sanción, y no otra, dentro del marco sancionador que el legislador haya establecido.

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La valoración de las pruebas practicadas, en especial, aquellas que fundamentan la decisión. La LAP exige que la resolución sancionadora se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas en el PAS, especialmente aquellas formuladas por el acusado. La jurisprudencia ha vinculado la motivación de la resolución sancionadora con el artículo Por tanto, una motivación insuficiente que genere indefensión o que haga imposible un efectivo control judicial vulnera un derecho fundamental. No obstante, de acuerdo con una tendencia general que se da en otros muchos Estados, van apareciendo en España en distintos sectores de la actividad administrativa las llamadas "autoridades administrativas independientes".

Y de ninguna forma puede decirse que sea requisito constitucional que las sanciones sean impuestas por éstas. La inmensa mayoría de las sanciones administrativas son impuestas por ministros estatales o regionales, por delegados del gobierno u otros subordinados, por alcaldes, etc. El poder acceder a todos los establecimientos de interés para la actividad de vigilancia o para la localización de pruebas de la comisión de infracciones. Las mayores dificultades surgen cuando esos establecimientos puedan tener la consideración de "domicilio", pues la CE establece que en el domicilio no puede realizarse ninguna entrada o registro sin el consentimiento del titular o resolución judicial.

El poder acceder y examinar la documentación del inspeccionado y el poder requerirle información. Sobre estos poderes, el TC ha declarado que no son necesariamente contrarios al derecho fundamental a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. El ejercicio de estos poderes es atribuido generalmente a unos órganos órganos de inspección especializados en tales funciones. La relación entre estos órganos de inspección y los órganos sancionadores es muy intensa. Puede ocurrir que los órganos de inspección, al realizar sus actuaciones rutinarias, detecten irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción administrativa y comuniquen tales hechos a los órganos sancionadores.

O, a la inversa, que los órganos sancionadores, antes de iniciar un PAS, soliciten a los órganos de inspección la realización de las actuaciones necesarias para determinar si concurren las circunstancias que justifiquen tal iniciación y la identificación de los posibles responsables.


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De su régimen jurídico destacamos:. No forman parte del PAS. El mayor debate jurídico se produce sobre el valor de estas actuaciones previas en el posterior PAS.

Derecho sancionador

Esta previsión tiene una gran trascendencia. Significa darle valor probatorio a unas actuaciones que se han realizado sin las garantías propias del PAS. Sin embargo, este valor probatorio:. Se refiere sólo a los hechos que haya observado directamente el funcionario. No alcanza a sus opiniones jurídicas ni a lo que terceras personas le hayan podido contar. Significa que ese documento, por sí solo y sin necesidad de repetir la inspección en el PAS, puede destruir la presunción de inocencia y justificar la imposición de una sanción.

No significa que se trate de una prueba a la que la ley haya atribuido un valor superior al de otras pruebas. Esto significa otorgar por ley un valor probatorio superior al de otras pruebas. Nos ocupamos ahora de los poderes que tienen los órganos administrativos sancionadores para probar que la infracción imputada ha sido realmente cometida.

El instructor, por tanto, tiene que practicar prueba, aunque sea mínima:. Puede verificar los hechos relevantes en cualquier momento del procedimiento, incluso antes de su iniciación como hemos visto.

No ocurre así con los hechos que la sentencia penal entienda que no se han podido verificar pero sin negar la posibilidad de su existencia. Por el contrario, lo declarado probado en una resolución administrativa sancionadora firme no vincula a los órganos judiciales penales, 22 dado que el PAS ofrece menores garantías que el proceso penal y admite pruebas que no son suficientes en éste actas de inspección. Las sanciones administrativas se imponen mediante un acto administrativo frente al que existe la posibilidad de interponer "recursos", y contra cualquier otro acto administrativo.

No hay a este respecto ninguna especialidad para las sanciones administrativas. Lo anterior supone la posibilidad de impugnar todas las sanciones administrativas, como cualquier otro acto administrativo, ante los tribunales. Por tanto, todas las sanciones administrativas sin excepción pueden ser impugnadas ante dicha jurisdicción. A los recursos contra actos administrativos que se interponen ante la jurisdicción contencioso-administrativa 23 se les llama recursos contencioso-administrativos.

En España nunca se ha pensado en confiar la tarea de controlar las sanciones administrativas a los jueces penales.

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR MEXICANO

Puede afirmarse rotundamente que los jueces penales no tienen ninguna competencia respecto a tales sanciones. La realidad de los hechos constitutivos de la infracción y de la autoría, siendo posible incluso practicar nuevas pruebas y una nueva valoración de la prueba por el juez distinta de la que hizo la administración. Incluso es posible que declare el derecho a indemnización del que sufrió la sanción injustamente si es que ha tenido daños y perjuicios por ello.

En algunos casos, el juez puede, incluso, modificar la sanción impuesta por la administración. Generalmente, ese marco sancionador clasifica las infracciones en función de su gravedad muy graves, graves y leves , señala para cada una de estas clases las sanciones posibles y su extensión, y establece algunas circunstancias 26 que deben ser tenidas en cuenta por la administración.

Existe una división doctrinal y jurisprudencial sobre la calificación de la potestad de la administración para fijar la sanción exacta en cada supuesto. Si se admite un margen de discrecionalidad, el control judicial tendría que limitarse a corregir aquellos supuestos en los que la sanción fuera claramente desproporcionada. Si no se admite este margen de discrecionalidad, el control judicial es total.

Derecho Sancionador | Evidencia (Derecho) | Derecho penal

El argumento que utilizan los tribunales es el respeto al principio de proporcionalidad. Sobre esa base, modulan con una gran libertad la extensión de la sanción impuesta por la administración. No hay respuestas seguras para ninguna de estas cuestiones. Sólo algunas leyes sobre materias concretas dan respuestas parciales.

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