El último disidente: Fidel y la transición en Cuba (Cuarteles de invierno)


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Noticias Uruguayas

Finalmente sólo a personas se les concedió el estatuto de refugiado y a 1. El compromiso del Gobierno de España con esta crisis y con el derecho de asilo es, como muestran estos datos, inexistente; y puede resumirse en la siguiente frase de Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas, "es una crisis de solidaridad, no una crisis de cifras". Asimismo, las condiciones de acogida de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla siguen siendo muy deficitarias, los traslados a la Península sufren retrasos injustificados y las personas que solicitan asilo en las Ciudades Autónomas ven restringida su libertad de movimiento.

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Es fundamental agilizar el procedimiento y la resolución de todas las solicitudes sin incurrir en retrasos injustificados, como ha ocurrido hasta ahora, con el fin de esperar a que la situación en el país de origen evolucione. Finalmente, es importante reseñar que esta crisis ha de enmarcarse en su propio contexto y que la política exterior española aplicada por el Gobierno no puede meramente traducirse en perpetuos parches ante problemas que se perciben aislados.

Informaciones tomadas de Encuentro en la Red (http://www

En la misma línea, flexibilizar los criterios para la reunificación familiar y la extensión de asilo. Este reglamento, conocido como Reglamento Dublín II, prevé el regreso de una persona refugiada al país al que accedió por primera vez a la Unión Europea desde otro país miembro de la UE e impide la libre circulación de estas personas. Elaborar instrucciones cara a ampliar la aplicación de las disposiciones discrecionales recogidas en los artículos 16 y 17 del Reglamento de Dublín que permite a los Estados asumir la responsabilidad de estudiar cualquier solicitud de protección, al margen de los criterios de reparto establecidos en el artículo 3, en especial por razones vinculadas al principio de unidad familiar y parentesco, o razones humanitarias.

Acordar un paquete de medidas en el seno de la Unión Europea para dar respuesta a las necesidades específicas de protección de la infancia migrante y refugiada, con objetivos concretos y medibles, y con los recursos adecuados para tal fin. Crear un sistema permanente de reasentamiento y reubicación de personas refugiadas provenientes de otros países en España, y agilizar el proceso de reubicación ya aprobado por la Comisión Europea y con el que nuestro país se ha comprometido.

Desplazar personal de los Ministerios competentes Interior y Empleo y Seguridad Social con formación específica en asilo y refugio a Grecia e Italia con el fin de explicar detalladamente en los centros de acogida a las personas refugiadas cómo es el proceso de acogida en España y realizar procesos de acompañamiento a aquellas personas que deseen solicitar asilo en nuestro país.

En la misma línea, instar a la Unión Europea a modificar los criterios aplicados en la oferta de los programas de reubicación, permitiendo a las personas refugiadas elegir, al menos, el país de la Unión Europea en el que van a ser reubicados, siempre que existan plazas disponibles. Trabajar activamente a nivel internacional para que en el Consejo Europeo del próximo 18 de marzo no se ratifique el acuerdo propuesto entre Turquía y la UE por vulnerar el derecho internacional humanitario y violar el principio de no devolución consagrado en la Convención de Ginebra ratificada por el Estado Español.

En concreto, modificar la actual política de la Oficina de Asilo y Refugio por la que se inadmiten las solicitudes de asilo de las mujeres víctimas de trata derivando sus casos a la aplicación del artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que condiciona la protección internacional a la colaboración de la víctima con las autoridades en la desarticulación de la red de trata, lo que supone una clara vulneración de su derecho a la protección internacional y una puesta en peligro de su vida y su integridad física.

Asimismo, acabar con paralización del estudio de las solicitudes de determinadas nacionalidades, que, en principio, parecerían estar en necesidad de protección, en ocasiones apoyadas por posiciones y llamamientos del ACNUR, como son los casos de Ucrania, Norte de Mali o Irak. Una política exterior que no priorice los intereses geopolíticos, defensivos o económicos comercio de armas, recursos naturales como el petróleo, el gas, los minerales, la pesca, etc.

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Y ello pese a que nuestra Constitución en su artículo No fue hasta el año cuando se aprobó el Reglamento de funcionamiento de los CIEs, aprobado por Real Decreto el 14 de marzo de , que sigue sin garantizar el respeto a los derechos de las personas internas en los mismos, otorgando un amplio margen de arbitrariedad a los directores de los centros y no introduciendo elementos esenciales que ya habían sido garantizados a través de las resoluciones de los diferentes Juzgados de Control.

En ese sentido, el artículo Las personas privadas de libertad en un CIE, pero también las de su entorno -familia y amistades- padecen una situación personal extremadamente dolorosa. En este punto, se hace necesario explicitar que en los CIE se sigue internando a personas con graves enfermedades físicas y psíquicas, mermando las posibilidades de recibir atención médica especializada y continuar con los tratamientos. La gravedad de estas vulneraciones adquiere tal entidad que incluso han llegado fallecer varias personas durante su internamiento.

Víctimas de una muerte que podría haberse evitado. Todo lo expresado se acrecienta en gravedad en el caso de las mujeres. Como afirma la Asociación para la Prevención de la Tortura, las mujeres en el CIE se enfrentan a mayor vulnerabilidad y riesgo que los hombres. También se ha demostrado que las mujeres en los CIE, lejos de recibir una atención adecuada a sus circunstancias, son objeto de todo tipo de discriminaciones y abusos directos e indirectos. En ese sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH ha resuelto que los CIE constituyen una grave violación de derechos humanos, reconoce que determinadas condiciones de internamiento vulneran el art.

Así, desde el punto de vista de la función para la que fueron creados, garantizar la expulsión, resultan ineficientes e innecesarios. La mayoría de las personas que sufren el internamiento, por tanto, son puestas en libertad y no expulsadas. El Ministerio del Interior ha reconocido un gasto de 8. Un gasto sin duda excesivo para los fines pretendidos. Meses después, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una Declaración Institucional, de nuevo con una mayoría superior a los dos tercios en la que se instaba de nuevo al Gobierno a cerrar dicho Centro. Que haga coherente el sistema de extranjería español con la Constitución, con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la normativa internacional vinculante para España con el consiguiente cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Que acuerde, de conformidad con las competencias que tiene atribuidas, la no reapertura del CIE de Zona Franca en Barcelona. Sobre esa finalidad anteriormente dicha, en primer lugar, se justificó la supresión de la figura del arresto del cuadro de sanciones disciplinarias, quedando limitada la eventual aplicación de esta figura sancionadora, típica del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, para los supuestos en que se lleven a cabo misiones de naturaleza militar o cuando el personal del Cuerpo se integre en Unidades Militares -generalmente desplazadas en el extranjero-, situaciones en las que es preciso dar un tratamiento unitario a las consecuencias de los ilícitos disciplinarios.

Cabe recordar que el nuevo Código Penal Militar, que ha entrado en vigor el día 15 de enero de , ha sido apoyado exclusivamente por la mayoría absoluta del Partido Popular, sin haber tenido en cuenta las necesidades del colectivo de la Guardia Civil. Una de las mejores maneras de saber lo que pasa y preocupa a las mujeres y los hombres que la integran, es conocer las reivindicaciones de sus legítimos representantes: unas condiciones laborales dignas, con jornadas que respeten derechos; unas retribuciones que sean justas en función de las especiales y peligrosas funciones que tienen encomendadas; una formación homologada al del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acorde a las necesidades y sensibilidades de la sociedad actual; unos medios materiales modernos, que salvaguarden la vida y su integridad física; una carrera profesional donde realmente prime el mérito, la capacidad y la igualdad y que arrumbe la doctrina de que sólo quien hace del silencio o de la renuncia de derechos su quehacer vital, prospere, ascienda, se forme o sea destinado a puestos con mayor proyección laboral.

Es por ello, que la interlocución con las asociaciones con larga trayectoria reivindicativa al servicio de los guardias civiles y del conjunto de la sociedad española es imprescindible. Se trata exclusivamente de que los guardias civiles tengan los mismos derechos que otros ciudadanos y puedan reivindicar una prevención de riesgos laborales real y eficaz, puedan hacer uso de las medidas de conciliación laboral y familiar sin ver perjudicada su carrera y sus puestos de trabajo, así como ejercer con libertad sus derechos de representación colectiva en la defensa de sus derechos económicos, sociales y profesionales.

El Congreso de los Diputados reconoce la labor que desarrolla la Guardia Civil como Cuerpo de Seguridad del Estado para garantizar la protección de los ciudadanos, el cumplimiento de las leyes y la defensa del ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: a Promover la reforma del nuevo Código Penal Militar que entró en vigor el pasado 15 de enero de , impulsando que en la aplicación del nuevo texto legal para los Guardias Civiles en su quehacer cotidiano como cuerpo de seguridad, se regule con los criterios de aplicación como los acordados por el legislador de Dicha disposición, establece un "régimen especial" para el control fronterizo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con el siguiente tenor literal: "1.

El legislador, al aprobar la disposición adicional décima de la LOEX tenía la intención expresa de legalizar la practica de las "devoluciones en caliente". La nueva regulación establecida en la disposición adicional décima de la LOEX, tal como se ha expuesto, se ha limitado a establecer la posibilidad de desarrollar un procedimiento de rechazo en frontera en estos específicos supuestos de interceptación en las vallas de Ceuta y Melilla.


  • elhabanerochekeré: .
  • Orando con la Virgen de Altagracia.
  • A pesar de los pesares: Cuaderno de la vejez;

Igualmente conlleva la vulneración de la tutela judicial efectiva y de las garantías procesales reconocidas en el artículo 24 de la CE, así como la negación de la potestad revisora de los tribunales de justicia otorgada por el artículo CE. Sobre este principio se ha configurado una jurisprudencia del TEDH de la que se ha hecho aplicación no sólo a los supuestos de expulsión o deportación de solicitantes de asilo, sino a cualquier supuesto de expulsión, recordando que los Estados tienen obligación de: 1. Obligación de asegurarse no sólo el trato al que se exponen los migrantes que devuelven a sus países de origen o de procedencia El Tribunal Constitucional también ha establecido esta misma limitación en relación con la posibilidad de entrega de ciudadanos a otros países al amparo del art.

En el caso de las zonas fronterizas de Ceuta y Melilla, por tanto, un adecuado respeto del principio de devolución establecido, entre otros, por el art. Igualmente, impide la identificación de menores, fundamentalmente de menores en edad adolescente, colectivo especialmente vulnerable. Tampoco se contemplan mecanismos para la detección, identificación y protección de las víctimas de trata que accedan a territorio español por puesto no habilitado.

Que en ausencia de ese desarrollo normativo, de manera inmediata dicte instrucciones con la suficiente publicidad para que en los casos de interceptación de personas intentando acceder a España por las vallas de Ceuta y Melilla, la Guardia Civil se abstenga de la entrega directa de estas personas a las autoridades del Reino de Marruecos, procediendo en tales casos a aplicar bien los procedimientos de expulsión o de devolución actualmente desarrollados en la normativa de extranjería y, en todo caso, con respeto escrupuloso a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional garantizando la posibilidad de acceder a los procedimientos de protección internacional y el principio de no devolución.

Al interior de este panorama equívoco, Europa se ha erigido como el principal destino para el ocio, pero también para la esperanza. Al mismo tiempo que las personas refugiadas que tocaron a su puerta superaron con amplitud el millón.

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Por eso, se nos antoja necesaria la articulación de un conjunto de respuestas que equilibren en el trato a los suscriptores de ambas demandas. Unas respuestas que no hagan primar las oportunidades de hacer negocio por encima de la crisis humanitaria que estamos viviendo a nivel planetario.


  • Dos cuentos de Navidad (Flash Relatos);
  • Muerte de un hombre feliz (Libros del Asteroide nº 164).
  • altos estudios eclesiasticos parte 2 español.
  • "+_.F(f)+";

En lo que compete concretamente a España, uno de los Estados con mejor rendimiento turístico de la Unión Europea, los datos no distan mucho; tan sólo cambian de escala. El papel de las Islas como cruce de caminos sobre el océano, pero también como punto de encuentro y puerta de entrada a Europa, se nos antoja, la luz de estas informaciones, como indiscutible. Son varios los hitos que han consolidado a lo largo de la modernidad este tratamiento singularizado, pudiendo encontrarse ejemplos de la aplicación de ciertas prerrogativas políticas, y sobre todo de concesiones económicas y fiscales a las Islas desde el momento mismo de su conquista hasta la actualidad.

Un eufemismo que en absoluto esconde la vocación internacionalista que el Archipiélago ha poseído históricamente.

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Es decir, para que las Islas modifiquen su estatus hasta convertirse en zona de paz al centro de un contexto marcado por los desequilibrios en la correlación de fuerzas entre naciones y la necesidad de construir verdaderos referentes de progreso económico, estabilidad política y respeto a la declaración de los Derechos Humanos. Pero, no nos engañemos, esta virtud también las dibuja corno un territorio sustancialmente permeable a cualquier alteración del orden económico y político internacional.

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Como antídoto para esta realidad, otros lugares del mundo ya han puesto en marcha figuras de esta naturaleza, tal y como aparece recogido por el Derecho Internacional en las Convenciones V y XIII de La Haya de sobre los derechos y deberes de las potencias neutrales en caso de guerra terrestre y sobre los derechos y deberes de las potencias neutrales en caso de guerra marítima, haciendo posible que determinados Estados y también determinadas regiones puedan constituirse como zonas de paz.

Existen muchos ejemplos en la historia reciente de lugares que, formando parte de un Estado, han sido declarados como territorios de neutralidad permanente. Las Islas Samoa también lo fueron bajo el protectorado de los Estados Unidos, Alemania e Inglaterra entre los años y Sobre la base de estos argumentos hacemos esta petición para que las Islas Canarias se conviertan en un territorio neutral que garantice el ejercicio de una buena vecindad, y que sirva para promover la paz tanto al interior de nuestras fronteras naturales como fuera de ellas, tan lejos como arrumbe el mar.

Por todo ello se presenta la siguiente Proposición no de Ley "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que considere a la Comunidad Autónoma de Canarias como zona de paz, teniendo a bien aplicarle el estatus de territorio de Neutralidad Permanente1. Exposición de motivos La globalización económica ha aportado elementos positivos para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Sin embargo, el hecho de que las grandes multinacionales planteen sus estrategias de negocio globalmente, y la competencia fiscal se atribuya individualmente a cada jurisdicción, ha puesto en tela de juicio la adecuación del sistema fiscal internacional para gravar los beneficios que estas empresas generan en cada Estado. Este sistema, creado hace unos ochenta años, ha quedado obsoleto ante la nueva realidad económica. Se hace necesaria, por tanto, la Cooperación Internacional en materia fiscal para que siga siendo eficaz.

Es este organismo, el que en un documento elaborado ya hace tres años llamado "Addressing Base Erosión and Profit Shifting" hace un diagnóstico claro de la dimensión y evidencia del problema causado por la planificación agresiva de ciertas multinacionales, que a veces se traduce en la no tributación por determinadas operaciones. Se estima que la Unión Europea pierde alrededor de 1 billón de? Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a liderar en el Consejo Europeo y en los foros internacionales las siguientes políticas, entre otras, para luchar contra la elusión fiscal de las grandes empresas: 1.

La armonización y reparto de las bases imponibles consolidadas de los impuestos de sociedades de los países pertenecientes a la Unión Europea. Establecer en el seno de la Unión Europea un intervalo con un tipo mínimo de gravamen del impuesto de Sociedades. Este hecho no distorsionaría el mercado, ni se trata de información confidencial o sensible de la actividad de las empresas.

Aprobar en el seno de la UE el procedimiento para establecer la lista actualizada de paraísos fiscales en base a criterios objetivos lo antes posible. El acuerdo en relación a la consideración de paraíso fiscal sería uno de los primeros pasos para luchar contra las reglamentaciones que facilitan la evasión y elusión y permitiría abrir el debate sobre posibles sanciones a las jurisdicciones recalcitrantes a la transparencia y adecuación del sistema fiscal mundial a la nueva realidad económica.

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Propiciar la creación de una autoridad fiscal mundial en que todos los países tengan posibilidad de participar en igualdad de condiciones en la reforma del sistema fiscal internacional y su aplicación. La evasión fiscal es un delito perseguido -con una reconocida insuficiente eficacia por falta de medios- por la agencia tributaria. Este mecanismo permite que empresas extranjeras puedan establecer sociedades pantalla en nuestro país -con apenas una mínima inversión en concepto de recursos materiales y humanos- con las que mover grandes sumas de dinero y con objeto de eludir los impuestos que de otra forma irían asociados.

La utilización de estas entidades puede servir para acceder a deducciones fiscales y también para compensar las ganancias económicas de otras empresas del grupo. El resultado final siempre es el mismo: la reducción de la cantidad de impuestos a pagar por las grandes empresas que utilizan estos mecanismos. Para comenzar a resolver esta situación arriba descrita, se presenta la siguiente Proposición no de Ley "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para eliminar la figura jurídica de ''entidad de tenencia de valores extranjeros'' ETVE , recogida en la Ley del Impuesto de sociedades.

Esta distribución no se debe en España a un diferente peso de la construcción o los servicios, sino que sucede dentro de cada sector de la economía. La principal diferencia se encuentra en las empresas por debajo de 9 trabajadores. Estos datos permiten concluir que nuestras empresas, por sí mismas, no son menos productivas que las de otras economías avanzadas. La clave de la diferencia de productividad entre España y otros países, por tanto, no radica en el funcionamiento de nuestras empresas, sino en la mayor prevalencia de las PYMES en nuestro país en comparación con otros países de nuestro entorno.

Esto se debe a que las PYMES, por término medio, son menos productivas que las empresas de mayor tamaño, entre otros motivos, porque carecen de recursos suficientes para exportar e innovar.

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